En el sistema de gobierno federal, republicano, democrático y presidencialista argentino existen, como en otros países que adoptaron modelo similar, una Corte Suprema. La nuestra tiene actualmente 5 miembros que, como Poder Judicial y para poder ejercer su función de defender la Constitución Nacional debe ser independiente de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Esto obedece a los postulados republicanos básicos de división de poderes y de pesos y contrapesos por el cual los tres poderes en que se divide el gobierno de un país que se quiere República deben vigilar y colocar límites unos a otros. Si los tres poderes quedan bajo el control de una misma persona, grupo o facción política, la República como tal deja de existir en la práctica y pasa a serlo sólo en teoría.
Existen y existieron en el mundo varios países que llevaban el nombre de república en sus nombres oficiales pero en realidad eran y/o son dictaduras personalistas y/o de partido único. Todos recordamos la paradoja de Alemania, durante 5 décadas dividida luego de la 2da Guerra Mundial, en "Federal", la occidental y "Democrática", la oriental. La primera, de hecho, una república democrática; la segunda, a pesar del nombre, una dictadura comunista satélite de la URSS – otro país que, pese al nombre, en sus 70 años de existencia nunca fue una república.
Con el absurdo proyecto de aumentar el número de miembros de 5 a 25, el gobierno kirchnerista argentino declara querer una Corte Suprema “federal, plural y partidaria”. La nueva Corte que buscan imponerle al País estaría compuesta por 1 representante de cada provincia, 1 por la Ciudad de Buenos Aires, y 1 por la Nación.
Es decir, el proyecto crearía una Corte Suprema similar al actual Senado Federal y que, por lo tanto, quedaría sujeta al poder político. Con esto la Constitución Federal pasaría, en la práctica, a ser letra muerta. Al contrario de lo que afirma el kirchnerismo, los miembros de la Corte Suprema no caen en paracaídas; sus miembros son postulados por el presidente de la Nación y aprobados por el Senado, este sí electo por voto popular directo.
Queda claro que las verdaderas intenciones del kirchnerismo son asegurarse una Corte Suprema sumisa que, por su composición, quedará totalmente impedida de prevenir, combatir y juzgar violaciones al texto constitucional, algo a lo que esa facción delincuente ya nos tiene acostumbrados.
En la actual situación de Argentina – un país con enormes problemas y, aunque muchos no lo crean, al borde de la disolución – reformar la Corte Suprema debería figurar en último lugar en la lista de prioridades. No obstante, para el kirchnerismo, el País y su gente es lo de menos. La prioridad de esa organización criminal es perpetuarse en el poder, llenar el Estado de parientes, amigos, ñoquis y militantes y enriquecer a costa del empobrecimiento general.
O sea, un verdadero régimen socialista que de republicano nada tiene.
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