El trágico conteo de víctimas del accidente ferroviario del 22/02 en Once tiene el efecto benéfico de reavivar el debate sobre los millonarios subsidios que cobran las empresas operadoras del sistema. Es bueno que el ciudadano mantenga el debate y no permita que se desvíe la atención con factoides.
Recapitulando, luego de 50 años de administración estatal los FF.CC. se privatizan en los ’90 durante Menem. Por esos años la imparable onda privatista alegaba que los ferrocarriles le daban al Estado Argentino pérdidas de “un palo verde al día”. Todo cambiaría cuando fueran privados. Muchos se plegaron tontamente al cantito “ramal que para, ramal que cierra”. Diversos pueblos del interior se quedaron sin la línea férrea que los unía al resto del país.
En su afán de liquidar todo lo que encontraba a su paso la pandilla menemista llegó al absurdo de “privatizar” Aerolíneas vendiéndosela a Iberia, empresa estatal española. Las muchas tramoyas del menemismo están bien documentadas y no hace falta extenderse. Lo que no se entiende es por qué, hasta hoy, ningún funcionario público actuó de oficio en el tema.
Al privatizar los FF.CC. el gobierno Menem firma con las empresas contratos de concesión de 25-30 años y les concede subsidios – algo bastante común en todo el mundo ya que el transporte urbano de pasajeros da escasas ganancias. Aún así, no les exige a las concesionarias un plan de inversiones capaz de cambiar el cuadro de deterioro y acorde a los subsidios que les otorga.
Después de Menem vienen dos cortos interregnos que, por las condiciones en que se encuentra el país, no pueden/quieren cambiar nada. Pero en 2003 quien llega a la presidencia es Néstor Kirchner con un discurso autodenominado “nacional y popular”, “progresista”, etc. y fuertes críticas a la política económica neoliberal y las privatizaciones “de los “90”. Algunos alimentamos esperanzas.
¿Y qué hace Kirchner? Doble discurso. ¿Cambia algo? No, no altera la relación del Estado con las concesionarias, no les exige plan de inversiones, nada de eso. Lo que hace es aumentarles todos los años los subsidios sin exigirles nada en cambio – algo que este escriba criticó diversas veces. Dice una cosa y hace otra.
Jugar para la tribuna. Kirchner tuvo cuatro años, su esposa otros cuatro y ya anda por el segundo mandato. Mientras, la obsolescencia del material, la falta de inversiones y la ausencia de supervisión de los organismos estatales competentes hacen con que los accidentes sean cada vez más frecuentes – y más trágicos.
Ahora, como siempre, aparecen los que hacen la apología de lo estatal y despotrican contra lo privado. En realidad no se trata de privatización sino de concesión a empresas privadas de un servicio público. Si esas concesionarias son culpables por no invertir en la modernización y seguridad del sistema, tanto más lo son los funcionarios del Estado teóricamente encargados de monitorear la operación.
Una vez más es necesario aprender del ejemplo inglés. Privatizado el sistema ferroviario durante los años Thatcher, Inglaterra no se aferra al modelo original sino que lo va modificando a medida que surgen los problemas lógicos de pasar a manos privadas, en poco tiempo, un sistema desde siempre estatal.
No es verdad que en Inglaterra los trenes hayan “vuelto al Estado”. Lo que hay es un sistema mixto. A raíz del accidente de Hatfield (17/10/2000, 4 muertos) la concesionaria Railtrack no puede hacer frente al extraordinario aumento de gastos necesarios para evitar otros posibles accidentes.
Así, con sólo 4 muertos el accidente de Hatfield es capaz de hacer con que el gobierno inglés decida alterar las condiciones de operación de su red nacional de ferrocarriles – la más antigua del mundo – y constituir Network Rail, empresa sin fines de lucro, legalmente sucesora de la anterior. Hoy el sistema ferroviario inglés continúa operado por empresas privadas, ahora supervisadas por esta empresa especialmente constituida.
Los trenes pueden funcionar bien sean estatales o privados. La diferencia está en la ganancia de empresarios inescrupulosos y sus socios, los funcionarios corruptos. De los subsidios que oficialmente cobran – generosamente aumentados todos los años – para mantenerse en el juego las concesionarias deben destinar una tajada a los mismos funcionarios estatales encargados de supervisarlas y defender al ciudadano/contribuyente.
Estatal o privado, si hay corrupción y desidia no hay sistema ferroviario que resista.
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